Algo se mueve alrededor de los desahucios en las últimas
semanas. El rescate a los bancos
parece haber sido la gota que ha colmado el vaso de diversos colectivos, porque
no tiene sentido que la sociedad ayude a los bancos y después los bancos paguen
a la sociedad con desahucios. El código de buenas prácticas bancarias ha sido
un fracaso y partidos
políticos, magistrados, organizaciones sociales parecen querer encontrar un
alivio.
El drama de los desahucios cala cada vez más en la
sociedad, que no sólo ha tenido que
asistir como vecinos se han quedado sin casa si no que en algunos casos se ha llegado
incluso al suicidio para no afrontar el
desahucio. Todo llega en un momento de tensión social, donde el
rescate a la banca con dinero público pone en deuda a la banca con la sociedad.
En los meses pasados se intentó alguna práctica. Así en su día sonó con fuerza
la dación en pago y posteriormente el gobierno trabajó por un código de buenas
prácticas bancarias que no acaba de cuajar porque simplemente sirve para
colectivos que ya están en riesgo de exclusión social y no para las personas de
a pié.
En
esta situación y cientos de miles de desahucios después, todos parecen mirar al
mismo lado: hay que cambiar algo porque no se puede seguir con más de 500 desahucios
al día, porque además, los embargos tampoco solucionan la papeleta al banco,
sino que le mete cada vez en un agujero más profundo del que después hay que
sacarle entre todos. Una reciente encuesta de metroscopia sobre
los desahucios indica que el
94% de la población está de acuerdo en que mientras dure la crisis actual, los
jueces deberían poder aplazar o suspender los desahucios de quienes no pueden
seguir pagando su hipoteca por estar sin trabajo. Igualmente,
el 86% considera que las normas legales que regulan las hipotecas protegen, en
conjunto, más los intereses del banco que los del cliente. Por último, el 86%
también se muestra a favor de que sea posible cancelar totalmente una hipoteca
con la entrega de la casa, una operación conocida como dación en pago.
En
las últimas semanas y sin el horizonte de unas elecciones de por medio, se
empiezan a escuchar cada vez más voces a favor de cambiar para mejor la ley. Así,
recientemente se conoció un paquete de “Propuestas para la
Agilización y Reforma de los Procesos Civiles” presentadas al Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) por un grupo de magistrados donde se incluía
dicha suspensión o aplazamiento de los desahucios. También es una petición de
la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH),
que lleva meses luchando contra los desahucios.
De
hecho, algunos jueces, cansados de echar a tanta gente a la calle, han empezado
a emitir veredictos
"diferentes" para evitar el drama de quedarse sin casa por algunas
familias. En algunos casos, incluso, han llegado a acusar a los
bancos de usura, abuso y enriquecimiento injusto mediante la concesión de
hipotecas.
Llegados
a este punto, el gobierno parece haber dado un primer paso para cambiar. De
momento, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció este viernes
que el Gobierno creará un grupo de
trabajo para estudiar cómo bajar los desahucios y que además,
intentará hacerlo de acuerdo con el PSOE. “El Consejo de Ministros ha estado
analizando algunos datos y vamos a darle una vuelta de tuerca. Hemos
constituido un equipo de trabajo que preside la vicepresidencia e incluye a
varios ministerios como Economía o Justicia, entre otros, para analizar todas
las posibilidades legales que tenemos. Tenemos la máxima voluntad de llegar a
acuerdos en especial con el PSOE. Es un asunto de gran calado social, tenemos
que encontrar las medidas más eficaces para poder paliar la situación que viven
algunas personas que pierden su vivienda”, aseguró la vicepresidenta.
El
tiempo dirá si en esta ocasión se avanza o no.
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