Las
medidas anti desahucio aprobadas por el gobierno han sido rechazadas de forma
rotunda por las asociaciones de consumidores y por la plataforma de afectados
por la hipoteca (PAH). Estos colectivos consideran que los requisitos que deben
cumplir las personas que van a ser desahuciadas son "estrictos" y
"enrevesados" y que solo se podrán acoger un grupo "muy reducido". La
PAH tilda la actuación del ejecutivo de "puro
teatro".
ADICAE señala
en una nota que las medidas sólo actúan cuando la banca ya se ha apropiado de
la vivienda. En este sentido, indican que no hay ninguna paralización a los
embargos, ninguna medida
"verdaderamente paliativa" que permita renegociar con
garantías la deuda o denunciar las condiciones abusivas del préstamo que eviten
el inicio de este procedimiento. "Sólo
trata de demorar el desalojo de la vivienda de los afectados,
pero la vivienda ya es propiedad del banco", remarcan.
El presidente de ADICAE, Manuel Pardos, subraya que las intenciones de la banca y estas medidas no supondrán ninguna solución
"efectiva" porque el problema "no son los
desahucios ni los muy lamentables suicidios, sino las hipotecas y la
banca". "Lo que hay que hacer es reformar en profundidad el sistema hipotecario
español y esto es algo que, lamentablemente, los sucesivos Gobiernos no se han
atrevido a hacer”, apostilla.
En
este sentido, Pardos asegura que única solución a este problema es una moratoria hipotecaria inmediata,
tal y como se ha hecho en otros países que han sufrido una crisis hipotecaria. Además,
Pardos rechaza la dación en pago, es decir, que la devolución de la vivienda
permita saldar la deuda hipotecaria. “la
dación en pago no es una solución real y efectiva porque la
pérdida de la vivienda es dramática para una familia y el Real Decreto aprobado
sólo habla de desahucios y por tanto de viviendas ya perdidas".
Desde
la OCU
destacan que las prioridades en esta materia son evitar que las familias acaben
en la calle pero por otro lado, buscar una solución para las familias que ya ha
perdido su vivienda. Por este motivo, proponen que se instaure un alquiler social
a los afectados por un embargo en su propia vivienda.
Asimismo,
creen que el problema de los desahucios es "complejo" y que requiere
de medidas legales "eficaces" y que no se limiten a "esconder el
problema". "Es necesario un
estudio profundo y consensuado que dé como resultado una profunda revisión de la Ley Hipotecaria",
apostillan.
Por
su parte, la PAH
asevera que el gobierno ha cedido a la presión de la banca y que las medidas
anunciadas excluyen a la mayoría de la gente afectada. Desde la plataforma
aseveran que el ejecutivo ha
eludido establecer una moratoria de desahucios "eficaz".
La PAH
califica de "puro teatro" el real decreto. "Una vez más, el
Gobierno es el brazo armado de la banca", añade. También critica que se
hable de crear un fondo social de viviendas, que se nutriría con los pisos
"robados" a las familias" pero si cifrar cuántas viviendas
entrarán ni cómo se creará.
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