Arrenta, asociación para el
fomento del alquiler, advierte de la confusión entre el
desahucio por impago de alquiler con el desahucio por impago de hipoteca.
Y considera que la posibilidad de que la sociedad relacione las medidas
anti-desahucio con las del impulso del alquiler, que propone desalojar al
inquilino en menor tiempo, puede frenar la puesta en marcha
de la nueva ley de alquiler
Arrenta quiere dejar claro que las familias que alquilan no están en la misma situación que los que
sufren ejecuciones hipotecarias. “para los inquilinos la
posibilidad de encontrar una solución, ante un problema económico, no es tan
complicada porque hay una mayor flexibilidad en las negociaciones del precio. Además,
en el alquiler no existe el problema de los intereses de demora y el
crecimiento desproporcionado de la deuda”, añade.
Según Carlos Ruíz, gerente de Arrenta,
“hay que distinguir entre los inquilinos que no pueden pagar –por ejemplo, por
haber perdido el trabajo- de los que no quieren pagar. Además, a diario se
negocian los alquileres a la baja con los propietarios, unas negociaciones más
flexibles y que se aplican de forma inmediata”.
Una medida que, desde Arrenta creen que sí
dinamizaría el mercado del alquiler, y aumentaría la tasa de familias que viven
en este tipo de régimen, -en nuestro país solo alquila el 17% de las familias,
frente al 35% de Europa- sería dedicar al alquiler una parte de los inmuebles
que el gobierno comprará a los bancos –los llamados activos tóxicos- y ponerlos
a disposición, no solo de cualquier posible inquilino, sino también de todas
aquellas familias desahuciadas de sus pisos –bien hipotecados o alquilados-
accediendo así a un “alquiler social” con unas condiciones ventajosas.
Freno añadido a la ley de arrendamientos urbanos desde la asociación
para el fomento del alquiler (Arrenta) consideran que la posibilidad de que la
sociedad relacione las medidas ‘anti-desahucio’ anunciadas por el gobierno y
las de impulso del alquiler, que contemplan acelerar el desalojo de los
inquilinos que no paguen, puede frenar la puesta en marcha de la nueva ley
destinada a impulsar el alquiler en nuestro país. Dicha ley estaba prevista para mediados de noviembre, pero según Carlos Ruíz,
gerente de arrenta, “con el clima social actual, es muy difícil que vaya a
sacarse adelante a corto plazo”. Según Ruíz, “la ley ni está, ni se la espera. Sacarla
ahora daría lugar a un incremento de la confusión y a que se establezcan
comparaciones entre los desahucios a inquilinos que no pagan con las
ejecuciones hipotecarias que terminan con el lanzamiento del propietario.
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