De un
tiempo a esta parte, es cada
vez más frecuente que algunos bancos e incluso propietarios de suelo soliciten
a los cooperativistas interesados en levantar un edificio de
viviendas desde cero la firma de un
aval solidario como condición para la concesión de financiación
a su proyecto o al aplazamiento de cantidades a pagar.
En
nuestra opinión, esta práctica supone
situar a los cooperativistas en situación de asumir un riesgo excesivo,
dado que, por mucho que la probabilidad de ocurrencia de algún hecho arriesgado
pueda limitarse, no puede eliminarse. Si dicho riesgo se llegara a
materializar, puede suponer
un enorme quebranto para los socios cooperativistas, puesto que
cada uno de ellos responde por sí mismo y por los demás del 100% del préstamo
global más intereses y costas con todos sus bienes, tanto los actuales, como
los que pueda obtener en el futuro.
en
las circunstancias actuales de crisis, ningún proyecto, empresa o colectivo está
a salvo de potenciales problemas, tales como problemas financieros de la
constructora, accidentes en la obra o circunstancias administrativas que
paralicen o demoren la ejecución del proyecto más allá del plazo pactado con
los acreedores (como ha ocurrido recientemente en los PAU de Madrid).
Por
ello, desde momento cooperativas, desaconsejamos rotundamente la firma de un
aval solidario a los socios de las cooperativas.
Hemos
podido comprobar cómo, en demasiadas ocasiones, los firmantes de un aval de este tipo no son plenamente
conscientes de la repercusión que puede tener: sirva como
ejemplo el caso real de un socio de una cooperativa cuyo nombre omitiremos que
montó en cólera al denegársele el leasing del coche puesto que según el
análisis de la entidad, tenía una deuda de más de 20 millones de euros sin él
tener consciencia de ello. Y el problema, es que en verdad, no se trataba de un
error, sino que solidariamente era deudor de esa cantidad.
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