La amnistía fiscal del gobierno concluye el próximo
viernes 30 de noviembre y el
gobierno está presionando a
los evasores para que legalicen el dinero negro pagando sólo un 10%.
Tras meses de confusiones y recelos por si Hacienda Pública podía perseguir a
quien legalice su situación, algo que se descartó, los despachos de abogados y
asesores fiscales trabajan a contrarreloj. El objetivo del gobierno es recaudar
2.500 millones de euros, una cifra difícil de alcanzar.
El
último informe publicado sobre la recaudación por la amnistía fiscal es de
julio y lo publicó la Agencia Tributaria que decía que el Estado llevaba recaudados sólo 50,4
millones de euros. Desde este informe el Ministerio de Hacienda
ha decidido ocultar el dato de recaudación hasta la semana que viene cuando
haya acabado el plazo.
El gobierno advierte de que la situación será peor para
los defraudadores que ignoren la amnistía, por lo que presiona para que declaren todo lo que
tengan en negro. La reforma del código penal contempla la imprescriptibilidad
de los bienes evadidos en el extranjero. Como recuerda el diario el país, si Hacienda
descubre cuentas corrientes o inmuebles en otros países sin declarar
considerará que estos proceden del último ejercicio no prescrito, aunque su
origen fuera anterior. Por esto mismo, varios asesores han solicitado una
ampliación del plazo hasta fin de año pero sin éxito.
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