El
gobierno ha aprobado la ley
de tasas judiciales, que contempla incrementos de entre 50 y 750 euros y la
introducción del sistema en la jurisdicción social también para
las personas físicas. Así, las subidas más destacadas se producen en los casos
de apelación del ámbito civil y contencioso-administrativo, que se incrementan
en 500 euros. Los juicios
verbales costarán 150 euros y los ordinarios, 300 euros.
Si un
ciudadano quiere interponer un recurso de casación ante el tribunal supremo, le
costará otros 1.200 euros.
Como
muestra un botón: los juicios verbales costarán 150 euros, y los ordinarios,
300. Además de dichos importes, si se recurre en apelación, 800 euros, y 1.200
en casación. Por ejemplo, una separación o divorcio sin liquidación de
sociedades gananciales conllevará unas tasas de 1.280 euros.
Los
diferentes senadores en la oposición que han intervenido en el debate coinciden
en criticar el afán recaudatorio del ministerio de justicia y sobre todo en que
quede afectado el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva.
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