La
fiscalía de la sala civil del tribunal supremo ha exigido a la dirección
general de registros y del notariado a dirigirse a todos los notarios y
registradores para que
devuelvan más de 400 millones de euros cobrado a clientes que
cancelaron sus hipotecas.
La
fiscalía había suspendido las diligencias incoadas a instancias de la OCU
mientras el tribunal supremo se pronunciaba sobre los recursos interpuestos por
los colegios de notarios y registradores.
Una
vez conocida la sentencia de 10 de octubre del alto tribunal, la fiscalía ha
reabierto el caso. en su escrito, la fiscalía toma esta decisión “para cumplir
lo dispuesto en el artículo 51.1 de la constitución española”, que establece
que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y
usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud
y los legítimos intereses económicos de los mismos.
En
septiembre del año pasado, un estudio de la OCU detectó cobros excesivos en las facturas analizadas
para la cancelación de hipotecas. Con estos datos, la organización de
consumidores presentó una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo para
que investigara la conducta irregular de notarios y registradores.
Para
la OCU, con la decisión de la fiscalía los notarios y registradores ya no
tienen excusa para demorar la devolución de “todos los importes indebidamente
cobrados a cientos de miles de consumidores".
Según
datos de la asociación, solo de las 372.042 cancelaciones de hipotecas sobre
vivienda realizadas en 2010, notarios y registradores podrían haber cobrado de
forma indebida a sus clientes hasta 93 millones de euros sólo en un año.
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