Aprobada en forma de Real: no subir las pensiones

En la dura senda de cumplimiento del objetivo de déficit, el Gobierno español impuso el viernes sacrificios a uno de los colectivos más vulnerables y que hasta el momento no había recibido un tijeretazo directo: el de los pensionistas.

En una nueva traición a su programa electoral, el Ejecutivo aprobó el viernes un Real Decreto para no actualizar las pensiones de acuerdo con la inflación registrada en 2012, a pesar de sus reiteradas promesas de que sí llevaría a cabo el aumento establecido por Ley.

"Este año, y por una razón de excepcionalidad, se suspende la actualización que exige la Ley", dijo la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Con esta medida, los casi 9 millones de pensionistas españoles no recibirán este año compensación alguna por el desvío de la inflación -que repuntó un 2,9 por ciento en noviembre, el mes de referencia para calcular la revalorización hasta ahora.

Adicionalmente, para el próximo año las pensiones inferiores a 1.000 euros mensuales se revalorizarán un 2 por ciento y las más altas, el uno por ciento ya presupuestado.

El Gobierno había asegurado la semana pasada que sí iba a cumplir la Ley y revalorizar las pensiones en 2012 de acuerdo a la inflación.

Báñez justificó esta medida -que evitará un gasto de 3.800 millones de euros a la Seguridad Social- por el compromiso del Gobierno para cumplir con su objetivo de déficit.

"Es una decisión muy difícil, tomada por el Gobierno en un momento muy complicado, pero nos estamos jugando de verdad la salida de la crisis, que es cumplir el déficit para financiar el país y volver a crecer y crear empleo", dijo.

Según datos facilitados por la ministra, los pensionistas que cobran menos de 1.000 euros al mes son 6,6 millones, un 74 por ciento del total.

PROMESAS INCUMPLIDAS

Los pensionistas españoles son un colectivo fundamental a la hora de ganar unas elecciones generales, constituyendo una cuarta parte del electorado.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, dijo en reiteradas ocasiones que las pensiones eran la "línea roja" que no había que traspasar, por ser los pensionistas el colectivo más desprotegido de la sociedad.

Sin embargo, y pese a la relativa relajación de los costes de la deuda española en las últimas semanas, la "línea roja" ha sido traspasada ante la persistencia de los problemas económicos y el eventual rescate financiero que podría imponer nuevos ajustes.

No es la primera vez que el actual Gobierno del conservador Partido Popular (PP) termina haciendo lo contrario a lo prometido a sus electores, algo que ya hizo tras la subida del Impuesto al Valor Añadido (IVA) y de otros tributos, así como los recortes en Sanidad y la inclusión del copago en algunos servicios de salud.

ACUDE A "HUCHA DE LAS PENSIONES" PARA PAGA NAVIDEÑA

Además, el Gobierno decidió modificar las condiciones y el objeto del fondo de reserva de la Seguridad Social para pagar el prorrateo de Navidad de las pensiones.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, admitió que la medida, aprobada en forma de Real Decreto, es una "respuesta excepcional" a los problemas de liquidez que afronta España.

La modificación -que levanta hasta 2015 la limitación de no poder disponer de más del 3 por ciento al año de la conocida "hucha de las pensiones"- permitirá a la Seguridad Social disponer de unos 4.000 millones de euros para la paga navideña.

El fondo de reserva está dotado con unos 67.000 millones de euros, desembolsados durante los años de bonanza económica. El pasado mes de julio, el Gobierno ya recurrió a otro instrumento, el llamado fondo de prevención, para pagar las pensiones, retirando 3.400 millones de los 3.800 millones disponibles en este fondo.

CRÍTICAS SINDICALES

El líder del mayor sindicato español por afiliación, Ignacio Fernández Toxo, destacó el viernes el hecho de que el dinero que el Gobierno dejará de recibir tendrá efectos en la capacidad de recuperación económica porque los pensionistas son una base fundamental de la red de contención social en momentos de crisis.

"Se les detrae una cantidad de recursos que viene a abundar en el castigo que estos niveles de renta (bajos) han venido sufriendo este año como consecuencia de la subida desmedida de precios, sobre todo en segmentos que afectan a este sector de la población", dijo el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO).

En este sentido, Toxo resaltó que en la última lectura disponible del IPC por segmentos (correspondiente a octubre) se registró un incremento interanual del 20,7 por ciento en medicamentos y material terapéutico, un 6,2 por ciento en frutas frescas y un 19 por ciento en los huevos, entre otros.

En cuanto a la posibilidad de presentar algún tipo de respuesta, desde lo judicial o desde la protesta social, Toxo dijo que los sindicatos lo estudiarían en las próximas semanas.

"Es necesaria una respuesta acorde con la agresión que se perpetra (...) veremos de qué manera se puede dar contestación", dijo.

 

La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el gobierno no revalorizará las pensiones según el IPC "por responsabilidad con el objetivo del déficit". En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, Sáenz de Santamaría señaló que con carácter general se subirán el 1% salvo en los casos en los que los pensionistas cobren menos de 1.000 euros, que se actualizarán en un 2%.

La responsable indicó que con esta iniciativa el ejecutivo va a dar "un trato diferente" con el objetivo de que las pensiones "más bajas recuperen cierto poder adquisitivo". La número dos del gobierno indicó que es una medida "difícil que pedimos a los ciudadanos" pero destacó que el ejecutivo ha tomado esta decisión "por responsabilidad".

 

La Ministra De Empleo Y Seguridad Social, Fátima Báñez, aseguró a preguntas de los periodistas que la iniciativa tiene un carácter "excepcional" al declarar que la actualización de las pensiones tal y como marca la ley se suspende para este ejercicio.

Precisamente, el instituto nacional de estadística (INE) publicó hoy que la inflación cerró en noviembre en el 2,9%, seis décimas menos que en el mes anterior. Por tanto, la subida real de los precios se situó por encima de la revalorización que las pensiones registraron en enero por lo que el gobierno está obligado por ley a compensar a los pensionistas por esa desviación de 1,9%. Si el ejecutivo de Mariano Rajoy hubiese optado por ajustar esa desviación hubiera supuesto un coste para las arcas del Estado de 2.000 millones de euros este año.