El
servicio público que daban los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) de la
Comunidad de Madrid pasar a ser de pago. O mejor dicho, de repago. Desde
el 29 de noviembre de 2012, estos espacios ya no se financian solo a través de
impuestos, sino que los usuarios tienen que abonar entre 5 y 10 euros
por hacer uso de ellos para poder ver a sus hijos.
Los puntos de encuentro familiar son centros
públicos especializados para el cumplimiento del régimen de visitas a menores
establecido judicialmente tras al divorcio
o la separación de los
progenitores y en casos existencia de denuncias u órdenes de alejamiento por violencia de género.
Jueces
para la Democracia denuncia que el repago influirá negativamente en el
cumplimiento de los regímenes de visita. Hasta el momento, quienes los
utilizaban no tenían que pasar por caja. A finales del mes pasado, sin embargo,
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicó un acuerdo del Ejecutivo de Ignacio González por el cual se implantan las
tarifas relativas a los servicios de la Consejería de Asuntos Sociales.
Según el
documento, que puede consultarse en la web del BOCM, la entrega
o recogida de menores pasa a costar 5 euros por persona y servicio. El
precio de la visita supervisada se fija en 10 euros, 7 si no se precisa
o se demanda la presencia de un profesional. Además, deberán pagar "con
anterioridad a la prestación del servicio", es decir, por adelantado.
Para la
Asociación Jueces para la Democracia, que denunció este viernes la situación,
el Gobierno regional "limita el acceso a unos servicios que contribuyen a
la reducción de las controversias entre los progenitores y al efectivo
cumplimiento de las resoluciones de los juzgados de familia". "Las
consecuencias van a afectar gravemente a los menores, regresando a la situación
en la que las entregas y recogidas se hacían en las comisarías , en los juzgados
de guardia o en cualquier otro lugar carente de las condiciones para
proteger a los menores", critica la asociación.
Más dinero por menos servicios
De esta
forma, todos los padres que quieran pasar tiempo con sus niños no tendrán más
remedio que abonar el precio. Solo estarán exentas aquellas personas
con menos recursos (ingresos y recursos por debajo del indicador público de
renta de efectos múltiples, perceptores de la renta mínima de inserción) y los
beneficiarios de la justicia gratuita o quienes hayan sido víctimas de violencia
de género. Esta idea ha sido confirmada desde la consejería este domingo.
Hoy solo
están activos los puntos de encuentro de Mostoles y Las Rozas. Los usuarios que
procedan de los Puntos de Encuentro Familiar y acudan a mediación familiar para
llegar a acuerdos sobre el régimen de visitas deberán sufragar ni la sesión
informativa y ni las tres sesiones adicionales. Tampoco se abonará el
precio público por la primera sesión informativa de mediación familiar, que
será gratuita.
El establecimiento
de tarifas no solo supone repagar, sino repagar más por menos, ya que la
Consejería de Asuntos Sociales ha cerrado este año seis de los ocho centros públicos
de encuentro familiar de la región. Las familias que los utilizaban han sido
derivadas a los Centros de Apoyo a la Familia (CAF). Hoy, solo están activos
los puntos de encuentro de Móstoles y Las Rozas.
Los
usuarios de los CAF tampoco se libran del nuevo peaje. En estos, el coste del
servicio de información, orientación y asesoramiento psicológico,
el asesoramiento jurídico y la orientación social es ahora de 10
euros. La mediación familiar se eleva a 10 euros por persona hasta un
máximo de cuatro.
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