La Ministra de Fomento, Ana Pastor, ha señalado que cada vivienda arrendada por la sociedad pública de alquiler (SPA), actualmente en fase de liquidación, costaba a los españoles 5.000 euros. El gobierno decidió disolver esta sociedad el pasado 16 de marzo, que acumula unas pérdidas de 45 millones de euros
Fomento ha explicado que el gobierno está llevando a cabo una disolución ordenada de la entidad y que está negociando con los sindicatos y los trabajadores un expediente de regulación de empleo (ERE) y planteando una disolución sobre la sucesión de los contratos que venía manteniendo
El objetivo es que haya una subrogación, bien con el ayuntamiento de Madrid o con las comunidades autónomas, de forma que se garanticen los compromisos adquiridos con los propietarios e inquilinos, que van a continuar estando atendidos "dentro del contexto de la administración pública adecuada para llevarlo a cabo"
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