El sector público
podrá despedir con un máximo de 20 días: el gobierno de Mariano
Rajoy trabaja en una normativa que facilitará los expedientes de extinción de
contratos en todos los organismos del estado con un máximo de 20 días de
indemnización por año trabajado. Las entidades que deseen recortar personal
tendrán que acreditar un esfuerzo fiscal equivalente a una reducción del 5% de
sus gastos anuales.
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