El 93% de las 111.887 personas
inscritas en el registro de demandantes de viviendas de Andalucía dispone de
unos ingresos netos anuales inferiores a 18.600 euros, unos recursos muy
limitados que no les permiten comprar una vivienda protegida. Este dato indica
que los futuros planes de vivienda deben cambiar y orientarse a las promociones
en régimen de alquiler y la rehabilitación.
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