El
gobierno trabaja en un plan para acabar con los escándalos de corrupción
política en España. Estudia exigir a los partidos políticos y fundaciones más
transparencia y hacer públicas las cuentas en sus páginas WEB. También obligará
a publicar los créditos que los partidos y sus fundaciones tienen firmados con
entidades financieras. Además, controlará las donaciones privadas que reciban
por cantidades que superen los 50.000 euros.
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