En
cuando al fondo social de viviendas, constituido el pasado 17 de enero con unas
6.000 viviendas destinadas al alquiler para desahuciados, el ministro de
Guindos anunció una reforma de la actual ley de arrendamientos urbanos para
darle cobertura legal. Entre otros aspectos, se modificará la duración de los
alquileres que será de dos años prorrogables a un máximo de tres. Habrá además
una disposición para exigir a los servicios de atención de las entidades de
crédito que resuelvan las reclamaciones relacionadas con los compromisos
suscritos por las entidades 33 entidades financieras firmantes del convenio.
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